Retroceso de nuestro sistema judicial y corruptos selectivos - PlataformaDemocratica.Com

Retroceso de nuestro sistema judicial y corruptos selectivos

 


Decía Sócrates, «Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente». De ello se desprende que la justicia no sea otra cosa que «otorgar a cada quien lo que en derecho le corresponde». Los jueces son las únicas personas en el mundo que llevando la indumentaria de la ingratitud se visten de gloria y son honorables.

Tres décadas atrás, descansaba en nuestro Senado la designación de todos los jueces del sistema de justicia (incluyendo los de la Suprema Corte de Justicia) dominicano; para ser juez sólo bastaba congraciarse con el senador de la provincia y tocar los pentagramas de su partitura. Nuestras calles estaban llenas de culpables, cuando nuestras cárceles se convertían en hospedaje de ciudadanos inocentes que simplemente no comulgaban con el gobierno de turno. Se era culpable o inocente conforme lo decidiera el senador.

Ilusos hemos sido quienes hemos pensado que ese modelo de justicia cambió con la reforma constitucional del año 1994 cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre el que hasta ahora ha estado la responsabilidad de la designación del Presidente y demás jueces de la Suprema Corte de Justicia; y de estos los demás jueces del país. Al no depender ninguno de ellos del beneplácito del poder político, podríamos creer que tenemos una «justicia independiente»; sin embargo la realidad dista mucho de ello.

Nuestra Carta Sustantiva divide al Estado en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; cada uno de ellos es teóricamente independiente del otro; sin embargo en países presidencialistas como el nuestro en que para las grandes mayorías el Presidente de la República es amo y señor del Universo; en donde los ciudadanos estamos expectantes a la menor oportunidad de lucrarnos del erario, al Primer Mandatario le permitimos y aplaudimos injerencias en los demás poderes públicos y éstos a su vez se han convertido en un sello gomígrafo que otorga carácter de «legalidad» a las actuaciones del Ejecutivo.

Impregnados de las mejores intenciones e influenciados por la arteria de la sabiduría, Balaguer, Peña Gómez y Leonel, concibieron en principio un Consejo Nacional de la Magistratura conformado por 7 miembros, en el que no se imponía la voluntad presidencial; sin embargo, desde la reforma constitucional del 2010 fue retomado el control del sistema judicial, con la integración al CNM del Procurador General de la República (un subalterno del Presidente de la República) y el «desempate» del voto del Primer Mandatario.

La aspiración máxima de todo juez es llegar a presidir la Suprema Corte de Justicia; es por ello que a sabiendas que su ascenso depende de un Consejo del Poder Judicial, cuyo presidente y demás jueces dependen a su vez de la voluntad del Presidente de la República, es lógico pensar que sus decisiones judiciales deberán gozar de la simpatía del «príncipe» del Palacio Nacional. En ese sentido hemos visto a pasados presidentes de la Suprema Corte de Justicia impartir instrucciones a jueces para fallar un determinado expediente (declaraciones de la jueza Awilda Reyes de Mariano Germán).

En los actuales momentos, algunos jueces de nuestro aparato judicial parecen olvidan su rol de «administrar justicia en nombre de la ley» y en burdo maridaje y sincronización con el Ministerio Público, evacúan sentencias en primer grado que a todas luces son adefesios jurídicos, ratificadas luego en segundo grado; y que sólo magistrados de la Suprema Corte de Justicia a quienes no alcance el tentáculo del pulpo presidencial, podrían enderezar cuando ya se le ha provocado un irreparable daño al imputado. «Nada podría parecerse más a la injusticia que una justicia tardía».

Lo que ocurre en nuestro país con el sistema judicial es peligroso; el Ministerio Público juega bien su rol como ente acusador porque cada vez que logra llevar tras las rejas a un imputado es una victoria que se acredita y así lo presume sin el menor sonrojo; son los jueces quienes deben tener la suficiente capacidad de discernimiento para conocer razonablemente hasta dónde llegan las imputaciones del MP y el compromiso de la responsabilidad penal del imputado con esos hechos. Los dominicanos de buena voluntad apostamos por una justicia realmente independiente que castigue severamente a todos los corruptos conforme a sus hechos, no selectiva sólo para perseguir a los que no comulguen con el gobierno de turno.

Share on Google Plus

Sobre POR LA REDACCIÓN

Para saber mas del Usuario entre a su perfil en las distintas Redes Sociales.

0 Comments :

Publicar un comentario