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Tráfico de influencia para conseguir contratos con el Estado, agresión contra una mujer policía, inflación de una nómina de empleados que no trabajan y agresión sexual, se van sumando a la lista de denuncias graves que envuelven a funcionarios, legisladores y ediles del partido de gobierno, a cinco meses de su inauguración.
La primera que fue arrastrada por la corriente de un escándalo de corrupción fue la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, con poquísimo tiempo en su cargo. Pero no se trató de prevaricaciones cometidas en sus funciones presentes, sino en la duda que generó la facilidad con que consiguieron contratos sus empresas recolectoras de basura con varias alcaldías.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) investigó las denuncias, hallando irregularidades cuyas pruebas depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca). Comprobó que en su gestión como directora del Distrito Municipal La Guáyiga no consiguió contratos con el Estado, pero verificó anomalías en la ejecución de otro con la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe).
El diputado Sadoki Duarte, del PRM, es investigado simultáneamente por el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, por el Ministerio Público y por el fiscal nacional del partido de gobierno por supuestamente haberle dado un puñetazo en el rostro a una raso de la Policía Nacional, mientras él intentaba evitar que ella incautara un vehículo que transitaba en horario del toque de queda.
El presidente del partido, José Ignacio Paliza, y el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, condenaron las actuaciones. El primero prometió que sometería la expulsión del legislador de las filas del PRM.
Otra agresión física la originó el director de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes, Darinel Valdez, al exalcalde de Laguna Salada, Alberto Polanco, en la provincia Valverde. A Polanco tuvieron que coserle el párpado inferior y la ceja de su ojo derecho para cerrarle la herida que le provocaron.
El PRM desautorizó el comportamiento, y lo suspendió hasta tanto su caso sea conocido en la Dirección Ejecutiva, donde se propone su expulsión.
Esta semana, el gobierno recibió dos baldes de agua fría con denuncias que requerirán aclaraciones. El primero sobre el Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial y el segundo acerca del director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña.
El programa de investigación periodística El Informe comprobó un aumento desproporcional del gasto en la nómina de dicho consejo, con personas que incluso no trabajan realmente.
De gastar 2.2 millones de pesos en nómina, con 63 empleados, pasaron a gastar más de 28 millones de pesos, y tener 647 empleados en tres meses. Por teléfono decenas de los funcionarios, con sueldos de hasta 50 mil pesos, confesaron que aún no le han llamado a trabajar.
La directora General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, prometió el martes conocer en detalle la denuncia.
La Fiscalía del Distrito Nacional investiga la denuncia interpuesta por María Isabel Flores Encarnación contra Faña, quien fue suspendido de su cargo por el presidente Abinader para que pueda responder a las impugnaciones.
Antes de la victoria que obtuvo en las elecciones municipales, presidenciales y congresuales del 2020, el comportamiento de varios dirigentes del PRM amenazaba con afectar su popularidad. Se trata del exdirector de la campaña electoral del PRM en la región sur-central, Yamil Abreu Navarro, solicitado por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El propio presidente Abinader firmó el decreto autorizando su extradición el 28 de agosto de 2020.
También vinculado con el tráfico de drogas, al menos seis personas de la familia vegana López Pilarte son investigados por el Ministerio Público por supuesto lavado de activos. La madre de la familia es Rosa Amalia Pilarte, quien a pesar de todo ganó las elecciones como diputada el 5 de julio, y fue juramentada en esa curul.
Buen ejemplo
Tarde o temprano, el gobierno ha desvinculado de sus funciones a los funcionarios envueltos en hechos cuestionables, y apoyado públicamente que sean procesados por el sistema de justicia. En la experiencia de los gobiernos dominicanos previos se puede encontrar pocos ejemplos similares.
En todos los casos, la opinión pública se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones contra ellos, y si terminarán en expedientes acusatorios ante los tribunales.
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