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En su libro “Visión contemporánea de la corrupción”, Michel Rowland, define la corrupción como «el abuso de poder público para obtener beneficio particular». Aduce es un fenómeno por medio del cual un funcionario es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa».
Por su lado, Pierre Truche, ex-procurador general de Francia, refiere que la corrupción como «un comportamiento antiguo, hace mucho tiempo ilegal, pero objeto de una práctica tolerada en las altas esferas y por la opinión pública. Hemos entrado actualmente en un período en donde este comportamiento, antes tolerado, ya no lo es más.»
En República Dominicana la heredamos desde su fundación con Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez, Pedro Santana, Lilís, Horacio Vásquez, Trujillo, Balaguer, hasta nuestros días. La corrupción gubernamental ha sido vista como algo endémico con lo que estamos sentenciados a vivir eternamente. Decía el Presidente Lilís «para qué temerle a la historia que me juzgará si yo no la voy a leer».
En nuestra historia política, la única vez (al menos que me conste o recuerde) que ha existido un régimen de consecuencias para la corrupción administrativa fue en el año 1986 a la llegada al poder del Dr. Joaquín Balaguer, quien procesó al ex-presidente Salvador Jorge Blanco (padre del hoy ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera) conjuntamente con su gabinete. La furia del magistrado Juan María Severino, de la 7ma. Cámara Penal del Distrito Nacional era tal, que algunos tuvieron que vestirse de mujeres para cruzar la frontera y no ser capturados.
Hoy sin embargo, cuan pacientes de Estocolmo (al amar a nuestros propios verdugos), somos víctimas de mandatarios permisivos en cuyos gobiernos se cometen los más atroces actos de corrupción que drenan el erario con cientos de miles de millones de pesos. El Dr. Balaguer solía decir «la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho»; sin embargo, miles se hicieron millonarios bajo su sombrilla; a sus cortesanos les «felicitaba» por adquisiciones suntuosas, como una manera de advertirles que lo sabía y le debían lealtad; en el nivel alto justificaba «la mordida» y en los niveles medio y bajo, «el macuteo». Sus funcionarios no fueron procesados judicialmente como retribución de Leonel a Balaguer, por el favor de llevarle a la Presidencia de la República.
En los gobiernos de Leonel Fernández, aunque en su primer cuatrienio (tal vez por temor, incapacidad o inexperiencia), los escándalos enviaron a la cárcel a unos cuantos insaciables; sin embargo, fue en el período 2004-2012 en donde se suscitaron los más desastrosos actos de corrupción que envuelven decenas de miles de millones de pesos, algunos de los cuales fueron borrados de sus archivos (como pizarra de escuela pública) y que permanecerán en una eterna impunidad.
La gestión de Hipólito Mejía, ha sido una de las más cuestionadas en la historia moderna, llegando a nombrarla como un «Narco Estado», por el maridaje o contubernio de su equipo con reconocidos narcotraficantes de este país; además por su apadrinamiento a funcionarios a los que en su momento se les demostraba su participación en actos de corrupción, mientras que el Presidente decía a boca llena «ese funcionario se queda». Hoy es abanderado de que «a los ex presidentes no se les procesa judicialmente sin importar lo que hayan hecho».
Hablar de los corruptos en los gobiernos de Danilo Medina (2012-2020), haría interminable el presente artículo; sus familiares y colaboradores más cercanos están en estos momentos enfrentando la justicia, a tal punto que han tenido que designar con nombres de especies marinas los casos, para de alguna manera diferenciarlos unos de otros. Resultaría paradójico que si el autor de las presentes notas se queja de la impunidad en la corrupción gubernamental, ahora que se están procesando a los corruptos, no perciba un cambio en esa dirección. Sin embargo, es evidente que la que hoy llamamos «Procuraduria Independiente», parece tener a sus corruptos favoritos, toda vez que muchos funcionarios de este gobierno están vinculados a actos de corrupción de la presente y pasadas gestiones y no han sido procesados.
Aunque la presente administración gubernamental parece estar dirigida por un Presidente desvinculado a actos reñidos con la ley, su equipo de gobierno no toca su misma partitura, produciendo una melodía totalmente desafinada. En lo que se considera un gobierno joven, han sido muchos los desaciertos cometidos, algunas medidas reversadas y varios actos de corrupción. Lo que me resulta extraño es que personas que han sido separadas de sus funciones por actos dolosos, no hayan sido procesadas judicialmente; otros que ocupan puestos importantes no son tocados ni con el pétalo de una rosa.
Como sociedad somos muy dados a criticar la corrupción; sin embargo vemos a esos corruptos como dioses, como referentes sociales; nos acercamos a ellos para pedirles favores personales, familiares o empresariales, porque en el fondo de nuestra esencia, somos tan corruptos como ellos, con la salvada diferencia de que no nos ha sido posible poner en práctica, movimiento o acciones esas cualidades. Somos una sociedad compuesta por mojigatos y doble moral que atacamos precisamente lo que somos.
Nuestro país precisa de una nueva generación formada en valores, dejar a la historia la cultura del «dao», de aspirar llegar al gobierno para enriquecernos; debemos cambiar como sociedad; ese cambio debe empezar por ti y por mí, que las nuevas generaciones emulen nuestro accionar y no las palabras. Aspiro a ser parte de un entramado societario en el que cuando un connotado corrupto llegue a un lugar, todos los que estemos presentes nos marchemos y le dejemos el escenario; de esa manera los empresarios estarán compelidos a colocar a la entrada de sus establecimientos un letrero que diga «Aquí nos reservamos el derecho de admisión».
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