Felipe Ciprián
Cuando Joaquín Balaguer retomó el poder el 16 de agosto de 1986, en el plano político matizó su gobierno en dos aspectos esenciales: respeto a los derechos humanos que había conquistado el país en los gobiernos perredeístas de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco entre 1978 y 1986, y persecución de la corrupción gubernamental contra exfuncionarios opositores.
Para el año 1986 la Guerra Fría estaba a punto de finalizar y en lo que quedaba de las organizaciones de izquierda dominicana nadie se planteaba la lucha armada ni se registraban acciones terroristas, por lo que reeditar el régimen de exterminio, encarcelamiento y exilio de revolucionarios que gestionó Balaguer entre 1966 y 1978 y Estados Unidos, era innecesario e intolerable para el mundo que comenzaba a globalizar comercio y se perfilaban estándares democráticos elementales.
La lucha contra la corrupción patrocinada por Balaguer tenía un claro propósito de venganza política contra las figuras más connotadas de la oposición que cuando fueron gobierno trataron de humillar al líder reformista y a su familia, y al caer abajo tendrían que saber que su flecha iba apuntada directa al corazón de sus enemigos.
Ese proceso llevó al expresidente Jorge Blanco, a Rafael Flores Estrella, al general Manuel Antonio Cuervo Gómez y a empresarios a la cárcel.
Después de esa batida “judicial”, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pasó 14 años en la oposición y su representación en el Congreso y los ayuntamientos fue minoría hasta 16 años después.
¿Se hizo justicia entonces contra los corruptos? ¡No, solo venganza política!
¿Se terminó la corrupción gubernamental en el país? ¡No, se incrementó a tal grado que arrastró a líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que defraudó, desde entonces, la esperanza de gobiernos honestos comprometidos con el pueblo dominicano!
“Quiero decirles especialmente a ustedes dos (Germán Brito y Yeni Berenice Reinoso) que a partir de hoy ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes; ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía solo será cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana”, expresó Abinader al juramentar a ambas funcionarias tras su nombramiento el 16 de agosto.
Si Abinader nombró a “fiscales independientes” para que se guiaran por las leyes, la garantía de que eso se hiciera efectivo era que él se apartara de las acciones del ministerio público y no opinara sobre a quiénes debía perseguir.
Es cierto que el gobernante no ha llamado a su despacho a Germán Brito o a Yeni Berenice para darles instrucciones de que salgan a perseguir a los exfuncionarios del PLD.
En lugar de hacerlo a discreción, se ocupó personalmente y en discursos televisados al país, de señalar claramente a quiénes se debe perseguir por corrupción.
Y los fiscales independientes y con ganas de escalar, con la excepción de Miriam Germán, cogieron la señal y ahí andan de forma atropellante solo detrás de la corrupción peledeísta.
En febrero, tocó el turno a la Cámara de Cuentas. Después de sucesivos interrogatorios en la Procuraduría al presidente y a los miembros de este órgano de control externo del gasto público, el ministerio público cayó una madrugada en zafarrancho, ocupó sus instalaciones y tras una jornada de registro, se llevó todo lo que quiso y luego ignoró la decisión de una juez de instrucción de la Suprema Corte que dispuso la entrega de copias certificadas de los interrogatorios a que fueron sometidos, así como las actuaciones procesales del expediente.
De ahí en adelante, el ministerio público solo gira en círculos concéntricos alrededor del PLD y casualmente contra la Cámara de Cuentas. ¡Nada más! No defiendo su inocencia, pero ignoro si son culpables.
Eso no fue un fraude contra el Estado. Abinader nombró para administrar la Lotería Nacional a un sector de los riferos que ya tiene más poder, infraestructura, empleados e inversión que esa institución y este utilizó su cargo para quebrar a las bancas de la competencia y estafar –una vez más como cada día- a los millones de jugadores. ¿Cuánto perdió la Lotería con el fraude del bolo 13? Ni un centavo.
Ahí el ministerio público actuó correctamente para defender a los jugadores de Lotería, no para conjurar un fraude al Estado que yo no veo dónde está.
En el caso de que esos expedientes colapsen por algún motivo, el fiasco político retirará una franja importante de votantes que hace un año lo hizo por Abinader no porque fueran del PRM, sino porque confiaron en su promesa de cambio y esperaban que esta vez los jóvenes en el gobierno no fallarían a su generación como los del PLD.
¿Cómo están los partidos para los comicios de 2024? Ese es el tema del que escribiré el viernes.
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