Empresarios y MIPYMES expresan preocupación por posibles restricciones que afectarían la libre competencia y los derechos adquiridos
Santo Domingo, República Dominicana. — Representantes de pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), suplidores del Estado y diversos sectores empresariales manifestaron preocupación ante la posible implementación de restricciones administrativas que limitarían la cantidad de actividades comerciales o rubros permitidos dentro del Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Los sectores consultados consideran que la eventual limitación podría generar impactos negativos sobre la libre competencia, la participación de las MIPYMES y la seguridad jurídica de empresas formalmente registradas bajo el marco legal vigente.
La preocupación surge a raíz de propuestas regulatorias vinculadas a la aplicación de la nueva Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento, orientadas a restringir la cantidad de rubros comerciales registrados por empresa como mecanismo para combatir las llamadas “empresas de carpeta” o compañías sin capacidad operativa real.
No obstante, empresarios sostienen que la propia Ley 47-25 establece como principio fundamental la libre competencia y la participación del mayor número posible de oferentes.
BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Los representantes empresariales recordaron que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 50, reconoce y garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, estableciendo que todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, siempre que sea lícita.
Asimismo, señalaron que la Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08 no establece limitaciones numéricas respecto a las actividades comerciales que una empresa puede desarrollar dentro de su objeto social.
Igualmente, destacaron que la Ley 488-08 sobre MIPYMES tiene como objetivo asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las pequeñas y medianas empresas del país.
POSIBLE AFECTACIÓN A LAS MIPYMES
De acuerdo con empresarios consultados, muchas pequeñas empresas dominicanas operan bajo esquemas de diversificación comercial legítima que les permiten sostener empleos y competir frente a grandes grupos económicos.
Advirtieron que una limitación rígida de rubros podría:
• reducir la participación de oferentes,
• concentrar mercados,
• limitar oportunidades para las MIPYMES,
• y afectar empresas familiares y suplidores multiservicios legalmente constituidos.
POSIBLE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
Los sectores empresariales también señalaron que una aplicación obligatoria de nuevas restricciones podría entrar en conflicto con el artículo 110 de la Constitución dominicana, relativo al principio de irretroactividad de la ley.
Indicaron que miles de empresas fueron registradas y autorizadas bajo reglas previamente válidas, realizando inversiones, contratando personal y organizando sus operaciones conforme al marco legal existente.
En ese sentido, consideran que modificar posteriormente las condiciones originalmente autorizadas podría afectar derechos adquiridos, la seguridad jurídica y la confianza legítima de los actores económicos.
Los representantes empresariales reiteraron que apoyan la transparencia, la modernización del sistema de contrataciones públicas y el combate contra prácticas fraudulentas.
Sin embargo, solicitaron que cualquier reforma sea implementada mediante:
• diálogo técnico,
• consultas sectoriales,
• criterios proporcionales,
• y evaluación real de capacidad operativa,
sin afectar injustificadamente la libre competencia ni la participación de las MIPYMES.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a garantizar un sistema de compras públicas transparente, competitivo, inclusivo y respetuoso del marco constitucional dominicano.
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