Cristian Hidalgo
Siempre se ha dicho que para existir un sobornado, debe haber un sujeto sobornador; del mismo modo, no hay sobornador en donde no podemos señalar al o los sobornados. Es de todos conocido el mundialmente sonado caso de sobornos por parte de la Constructora Norberto Odebrecht, firma que reconoció ante el gobierno de los Estados Unidos haber entregado sobornos por 788 millones de dólares en 12 países, para asegurarse jugosos contratos de obras; mayoría de ellos en América, en donde el emporio ha erigido sus más importantes obras de infraestructura.
Nuestro país no ha sido la excepción; a esos fines, nuestras autoridades se trasladaron a la sede de la organización en Brasil, regresando con un maletín lleno de sorpresas; es así como el 29 de mayo del 2017, se produjeron varios apresamientos de personajes de diversos estratos sociales, políticos y empresariales, entre los que se encontraban ex-presidentes del Senado, ex-presidente de la Cámara de Diputados, ex-senadores, senadores y diputados actuales, ex-ministros, abogados, entre otros.
Durante los allanamientos y detenciones de quienes se presumían responsables de los «sobornos de Odebrecht», el país vivió una especie de nirvana, un éxtasis y orgasmo emocional al ver que llamados «pejes gordos» de la política vernácula estaban siendo llevados al banquillo de los acusados para que respondan por los «sobornos de Odebrecht» en este país. El principal actor era el señor Angel Rondón Rijo, a quien se le ha atribuido ser la cara de la multinacional en el país y persona encargada de distribuir los recursos a los funcionarios y legisladores.
Angel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, el primero condenado por sobornador y el segundo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Luego de 4 años de un caso declarado complejo, en el que la mayoría de los imputados habían recobrado su libertad (sea por descargo puro y simple o por variación de la medida de coerción), las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo (sobre quienes cayó la responsabilidad de definir la suerte de los encartados) encontraron culpables a Angel Rondón Rijo, de soborno nacional y lavado de activos; mientras que al ex-ministro de Obras Públicas, ing. Víctor Díaz Rúa, sólo del delito de lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito, imponiéndose al primero 8 años de prisión y al segundo 5 años.
Cualquier persona que haya estado siguiendo de cerca ese proceso, colige de manera inequívoca y razonable, que «se hizo justicia»; se ha saciado la sed de sangre del morbo popular; sin embargo, hay otros como quien suscribe que nos hemos quedado estupefactos con la boca abierta por ese adefesio jurídico de las jóvenes magistradas; si de 14 imputados que inicialmente eran señalados como responsables de los «sobornos de Odebrecht», 12 fueron absueltos o en su debido momento descargados sin ninguna responsabilidad; de los únicos dos que resultan condenados, uno de ellos es por «lavado de activos y enriquecimiento ilícito» (no por Odebrecht); yo me pregunto: si Angel Rondón fue hallado culpable de sobornar; ¿a quién o quienes sobornó? ¿Por qué no están presos los sobornados por Rondón?
Es evidente que ese fallo es mostrenco, aquí no se ha aplicado justicia, sino «turismo judicial», es como condenar a alguien por homicidio sin que haya una víctima; se quiere vender a los 4 vientos que tenemos una «justicia independiente» que trabaja sin mirar «vacas sagradas», cuando la realidad es que nuestro sistema judicial está influenciado por las redes sociales y no por el Derecho; los jueces parece miden la percepción popular sobre un determinado caso y sobre ello emiten su sentencia. Seguimos muy mal como país; bajo acontecimientos de esa naturaleza no podemos creer en la justicia; los procesos son festinados y el resultado final es como esas novelas largas cuyo autor pierde el hilo y sólo se limita a terminarla. A Dios que nos agarre confesados.
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