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El gobierno tomó anoche una serie de medidas para garantizar el control y evitar el tráfico de parturientas en el país y para enfrentar la migración irregular.
Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violando las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales enfrentarán sanciones drásticas si las incumplen.
Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de tres meses a los empresarios y personas en particular que tienen contratadas a personas extranjeras de forma irregular, para que regularicen sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sancionados con multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.
Así lo determinó a unanimidad anoche el Consejo de Migración de la República Dominicana, en una reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.
La información la dio a conocer el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chú”, quien explicó que una vez vencido el plazo establecido, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de extranjeros, deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominicana, explicó, debiendo cumplir para ello con el procedimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento de aplicación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables.
Fuente: Listin Diario.
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