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Sus primeros doce meses han corrido junto a la pandemia del Covid-19, que detuvo el crecimiento económico mundial y envió a números negativos a la hacienda dominicana.
En febrero de 2021 el presidente y su administración pusieron en marcha el Plan Nacional de Vacunación, su principal apuesta para hacerle frente a la pandemia y sacar adelante la reactivación económica nacional.
Con ese plan en manos, el presidente prometió inmunizar al 80% de la población para finales de junio, aunque hasta la semana pasada solo se alcanzaba el 52% con dos dosis.
Dificultades y retrasos también ha vivido con el sector educativo, aunque hace unos días dijo que logró “salvar el año escolar” junto al Ministerio de Educación impartiendo la docencia por radio y televisión, además de suministrar kits alimenticios a las familias y equipos tecnológicos, tanto a docentes como estudiantes.
El presidente prometió que para el inicio del año escolar 2020-2021, que arrancó el 2 de noviembre de 2020, todos los estudiantes de escuelas y liceos tendrían en su poder una computadora o una tableta, para garantizar su acceso a la enseñanza bajo la modalidad virtual.
Esa promesa no fue cumplida.
El presidente Abinader ha defendido como uno de sus logros fundamentales el impulso a la reapertura segura del turismo y el establecimiento de la tan prometida justicia independiente.
Extendió hasta abril los programas solidarios, incluyó a millones de dominicanos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), duplicó el subsidio de “Comer es Primero” (RD$1,650 mensuales) como había estipulado en sus propuestas de campaña, firmó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, entre otras cosas. Pero este no ha sido un camino de color rosa, lleno de aciertos.
Su primer año se acerca y lo recibe con sectores de la sociedad disgustados por el “incumplimiento de su palabra” como es el caso de la comunidad LGBTQ+, los grupos feministas y proelección, quienes están a la espera de los cambios en el tan debatido Código Penal que aún no se termina de aprobar en el Congreso Nacional, como lo son las tres causales para la despenalización del aborto y la discriminación a la comunidad LGBT.
Abinader, entrevistado por este diario en 2018, había dicho que su partido tenía una posición definida con las tres causales, y que debían ser aprobadas. En el 2017 la organización fijó posición pública a sus legisladores para respaldar el derecho a decidir de las mujeres cuando el feto es inviable con la vida, o en caso de ser fruto de una violación o incesto.
Abinader, ahora en condición presidencial, ha dicho que no puede imponerle su criterio a los legisladores y abrió las puertas a la posibilidad de un referéndum para que la población decida.
En cambio, aspectos que sí aborda sus plan de gestión son políticas de género más efectivas, generación de empleos, mejora del sistema de transporte y de salud, entre otros. ¿Cuáles se han cumplido?
Las iniciativas de Abinader han sido muy ambiciosas frente a las circunstancias que envuelven al país y el mundo como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Al asumir su mandato el 16 de agosto, el mandatario anunció el aumento del presupuesto de salud por más de RD$66,000 millones en los primeros cuatro meses de gobierno. A los 6 meses, el incremento fue hasta los 107,389 millones de pesos, según lo manifestado ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero.
El proyecto de mejora regulatoria y simplificación de trámites del gobierno, fue aprobado por el Senado el pasado 27 de julio, aunque este programa “Burocracia Cero” fue anunciado en noviembre.
El aumento del salario mínimo de los empleados, pensionados y jubilados del sector público fue otro de los compromisos no vistos en este periodo de tiempo. El pasado 14 de julio se produjo un incremento al salario mínimo, dispuesto por el Comité Nacional de Salarios para quienes laboran en el sector privado no sectorizado.
Mientras que en el caso de los policías, recibieron el incremento en enero cuando los primeros cien días se habían cumplido en noviembre, sin llegar al monto prometido de US$500. A los militares se tenía previsto aumentarle a mitad de 2021.
El 31 de marzo, un equipo de la Policía Nacional mató a una pareja de esposos cristianos evangélicos que regresaban de un culto en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Todo fue producto de una supuesta confusión de los agentes, quienes estaban tras la pista de unos hombres que se habían robado un motor en Bonao.
A raíz de esto, el Jefe de Estado creó una comisión especial para trabajar en la reforma a la Policía Nacional, con un plazo de un año para rendir sus recomendaciones.
Aún está en proceso de planificación la construcción de la Autopista del Ámbar, la cual estaba pautada para iniciarse en el segundo trimestre de este año según registros periodísticos. De igual forma, aunque ya el acuerdo está firmado, se desconoce cómo va la futura puesta en marcha de unos estudios cinematográficos en la llamada “Novia del Atlántico”.
Al consultar al corresponsal de este medio en esa provincia ubicada al norte del país, informó que Sigmund Freund, director general de Alianzas Público Privadas, anunció hace alrededor de un mes que esperan tener listo el pliego de condiciones para la licitación a finales de septiembre o principios de octubre, con lo cual se iniciaría el proceso para escoger el aliado privado que tendría a su cargo el aporte de capital y la construcción de esa obra.
Igualmente se está a la expectativa del desarrollo de “DR Silicon Beach”, mientras que con relación a los estudios de cine aún no se ha dado ningún otro paso, por lo menos no públicamente.
Por el contrario, en Pedernales ya se dio el primer palazo para lograr el tan soñado desarrollo turístico de esa provincia. Apenas anunciaron la rehabilitación y desarrollo de nuevas vías, pero el corresponsal de Listín Diario en esa provincia asegura que casi dos meses después de ese evento no se han visto avances físicos mayores en el inicio de la carretera de Enriquillo.
Las visitas de funcionarios han sido constantes, pero todo está en anuncios. Aseguró además que no se ha remodelado el malecón y desconocen cómo será la construcción del aeropuerto. Estas obras fueron anunciadas en la primera visita de Abinader a Pedernales, también la primera provincia a la acudió como presidente, en agosto de 2020, y no se anunció fecha estimada para sus inicios.
En su rendición de cuentas, como parte de un Pacto del Agua, se comprometió a la agilización de la construcción de la presa de Monte Grande, trabajos iniciados en el año 2009. El compromiso fue terminarla para finales de 2022.
Pero a principios de febrero, el mandatario había prometido, estando en la zona de construcción de la presa, que la entregaría en agosto del 2022.
El viernes recién pasado el Listín supo que los trabajos de la obra habían sido nuevamente paralizados por falta de recursos económicos.
En planes el gobierno también tiene la construcción de la nueva verja fronteriza con Haití que fue anunciada el pasado 27 de febrero, la cual busca garantizar seguridad en los espacios “más porosos” de la división con el vecino del oeste. En julio se informó que ya se encuentra en proceso de licitación, a la espera de que se pueda iniciar las obras "en unos tres meses".
Sin embargo, aún se está a la espera de la eliminación o fusión definitiva de entidades públicas como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que debió ser eliminada en un plazo de seis meses pero que aún no se confirma si concluyeron con los contratos y procesos pendientes que finalizarían en junio.
A la lista se agregan el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), entre otras.
El presidente anunció en febrero su intención de encontrar un solución legal para los cuantiosos gastos del “peaje sombra” de la Autopista del Nordeste y se continúa a la espera de la introducción en el Congreso Nacional de un proyecto de ley para la revisión de la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustibles, ambos aspectos mencionados en la rendición de cuentas del 27 de febrero.
Mientras que la reforma fiscal, que se había prometido para este 2021, ha terminado en un tema para materializar en el año 2022.
Tan solo el pasado 23 de septiembre, el presidente decretó la creación de 10 diversos “consejos consultivos” que funcionan como gabinetes: Gabinete Económico, Gabinete Social, Gabinete de Salud, Gabinete de Educación y Cultura, Gabinete de Promoción de Inversiones, Gabinete de Turismo, Gabinete de la Familia, Gabinete del Sector Agua, Gabinete del Sector Construcción y el Gabinete del Sector Eléctrico”.
A la lista se suman el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público; Gabinete de Transporte, Gabinete de Innovación, Gabinete de Transformación Digital, el Gabinete Agropecuario e, incluso, el Gabinete para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Yaque del Norte, entre otros.
La conformación de estos gabinetes no implica erogación presupuestaria alguna, aun así surge la interrogante sobre la eficacia de ellos y si son realmente necesarios.
Si bien es cierto que dependiendo el sector y el fin, los gabinetes incluyen a otros entes participantes del ecosistema que abarca, las funciones de cada uno son en su mayoría las mismas que estipulan los ministerios que encabezan esos grupos.
Al conversar con un empleado del Ministerio de Turismo que pidió se preservara su identidad, expresó que la cotidianidad en esa institución no ha cambiado, puesto que cada entidad perteneciente al gabinete aúna sus esfuerzos para en conjunto buscar soluciones.
“En el caso del gabinete de turismo se ha encargado, junto a otras autoridades gubernamentales, como lo es el Ministerio de Salud, a la recuperación del turismo y la garantía del cumplimiento de las medidas de seguridad de forma responsable”, explicó a este diario.
Como resultado de la primera reunión del Gabinete de Turismo se presentó el Plan de Recuperación Responsable del Turismo, con el que se ha logrado impulsar la reapertura de este sector.
De igual forma, el director de Comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas, Domingo del Pilar, afirmó que en esa institución tampoco ha afectado el desarrollo común del Gabinete del sector eléctrico en el ejercicio de las funciones que estipula la ley 100-13.
El gabinete es el que traza las pautas y políticas en general para el sector que ellos regulan, pero esto no significa mayor carga laboral ni que pierdan iniciativa propia.
Antes de iniciar la jefatura de Estado, Abinader había anunciado que la vicepresidenta Raquel Peña fungiría como Coordinadora del Gabinete de Salud. A pesar de no pertenecer al sector salud, bajo sus directrices ha estado el seguimiento y control a la expansión de la pandemia por Covid-19.
Este gabinete, diferente al resto, sí ha tenido influencia en el desarrollo de otros organismos estatales. Los registros periodísticos evidencian que las decisiones varían según lo que disponga el Gabinete de Salud, como ha sido el caso del Ministerio de Educación, que está sujeto a lo que dispongan las autoridades sanitarias.
Asimismo, en diciembre se manifestó que solo los miembros de ese órgano están autorizados a emitir opiniones oficiales respecto a la situación del COVID-19 en el país.
Fuente: Listin Diario.
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