La historia demuestra que los grandes estallidos sociales rara vez comienzan por un solo hecho. Generalmente son el resultado de una acumulación de inconformidades que, en determinado momento, encuentran un caso capaz de despertar la indignación colectiva.
Así ocurrió en Egipto en 2010, cuando la muerte del joven Khaled Said a manos de agentes policiales trascendió las fronteras de un expediente judicial para convertirse en el símbolo de años de denuncias sobre abuso de autoridad, corrupción e impunidad. Meses después, millones de ciudadanos salieron a las calles y el gobierno de Hosni Mubarak, que llevaba casi tres décadas en el poder, terminó cayendo. No fue únicamente la muerte de Khaled Said la que provocó aquel desenlace, pero sí fue la chispa que encendió un combustible social que llevaba años acumulándose.
República Dominicana no es Egipto. Nuestra realidad política, institucional y social es diferente. Sin embargo, la historia tiene una utilidad invaluable: advertirnos sobre los riesgos de ignorar las señales de alarma.
En los últimos años, varios hechos han golpeado la confianza ciudadana en los organismos responsables de hacer cumplir la ley.
Todavía permanece en la memoria nacional el caso de la pareja de pastores evangélicos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, abatidos por agentes policiales en Villa Altagracia en marzo de 2021 mientras regresaban de una actividad religiosa. Aquel hecho conmocionó al país y dio paso a uno de los mayores cuestionamientos sobre los protocolos de actuación policial durante el actual período de gobierno.
Más recientemente, la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes en Herrera volvió a colocar el tema en el centro del debate nacional. Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación y manifestaciones de ciudadanos que reclamaban justicia y una investigación transparente.
A esto se suman las denuncias surgidas en San Cristóbal sobre personas fallecidas mientras permanecían bajo custodia policial, casos que actualmente son objeto de investigaciones y sobre los cuales las autoridades aún no han emitido conclusiones definitivas. Independientemente de cuál sea el resultado de esos procesos, la preocupación social ya existe y merece ser atendida.
Cada uno de estos acontecimientos, por separado, representa un desafío institucional. Pero vistos en conjunto comienzan a construir una narrativa peligrosa: la percepción de que algunos ciudadanos pueden perder la vida durante intervenciones policiales sin que exista suficiente certeza de que todos los protocolos fueron respetados.
Las instituciones no solo deben ser justas; también deben inspirar confianza. Y esa confianza se fortalece cuando cada denuncia es investigada con rapidez, transparencia e independencia, cuando las responsabilidades individuales son establecidas sin contemplaciones y cuando la propia institución demuestra que no tolera actuaciones contrarias a la ley.
El presidente Luis Abinader ha impulsado un proceso de reforma policial precisamente con el propósito de profesionalizar el cuerpo del orden y recuperar la confianza ciudadana. Esa reforma representa una oportunidad histórica, pero también enfrenta su mayor prueba cada vez que ocurre un caso de alto impacto.
No basta con anunciar cambios estructurales. La ciudadanía necesita percibir que los nuevos protocolos funcionan, que la capacitación se refleja en las calles y que quien abuse del uniforme responde ante la justicia con la misma severidad que cualquier otro ciudadano.
La preocupación no debe centrarse únicamente en la responsabilidad penal de un agente determinado. El verdadero desafío consiste en evitar que la repetición de casos similares vaya acumulando frustración, enojo y desconfianza en amplios sectores de la población.
La historia enseña que las crisis sociales no aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente, caso tras caso, cuando las personas comienzan a sentir que sus reclamos no encuentran respuestas satisfactorias.
Por eso, este no es un llamado a la confrontación, sino a la prevención. Es una invitación al Gobierno, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a toda la institucionalidad dominicana a redoblar los esfuerzos para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, fortalecer los mecanismos de supervisión y asegurar que cada actuación policial esté regida por la legalidad y la proporcionalidad.
Evitar que una tragedia se convierta en símbolo de un mal mayor siempre será menos costoso que intentar reparar las consecuencias cuando ya es demasiado tarde.
La historia no está escrita para repetirse. Está escrita para aprender de ella.
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