Cuando el poder se impone, el pueblo es quien sucumbe

 

Por: Cristian Hidalgo.

Decía Voltaire que «es peligroso tener la razón en el momento que el gobierno está equivocado». El jueves 24 de junio (día de mi patrón San Juan Bautista), un ciudadano dominicano se aprestaba abordar el vuelo NK-378 de Spirit rumbo a los Estados Unidos (en donde le esperaban su esposa e hijos) para someterse a chequeos médicos rutinarios por ciertas afecciones de salud. Para su sorpresa, al presentarse en Migración, fue informado no podía salir del país porque poseía una «Advertencia Migratoria», que en la práctica no es menos que un impedimento de salida.

La reacción del ciudadano afectado con tan arbitraria y temeraria medida no pudo ser más asombrosa, sobre todo porque tiene plenos conocimientos de las condiciones que debían suscitarse para desencadenar en «Impedimento de Salida», toda vez que esta representa una de las modalidades de medida de coerción impuesta (únicamente) por un juez de instrucción a un imputado al que se le considera haber comprometido su responsabilidad penal en un determinado hecho punible.

Nuestra Constitución consagra en su artículo 46, la Libertad de Tránsito: «Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales». En ese sentido, si sobre ese ciudadano no pesaba ningún proceso judicial, no se precisa ser erudito ni jurista para de una manera razonable colegir que le fueron conculcados sus derechos constitucionales precisamente por un ente que en representación de la sociedad está compelido a salvaguardarlos y hacérselos respetar.

Viendo ese ciudadano semejante afrenta, convencido de que «quien nada debe, nada teme», contrató un equipo jurídico para que procediese judicialmente contra quienes cometieron semejante atropello y humillación. Acto seguido, se reúnió la plana mayor del Ministerio Público con los jefes de Migración y el DNI, en donde la jefa del team no sólo concluyó en que eso era arbitrario e inconstitucional, sino que como Pilato se lavó las manos atribuyendo el hecho a dos subalternos encargados de perseguir la corrupción administrativa, como una inconsulta  «travesura» por ellos cometida.

Parecería ser algo habitual o modus operandi de la subalterna congraciarse con sus jefes, ya que precisamente la persona contra la que acababa de cometer la tropelía, había sido su jefe meses atrás; y la pleitesía mezclada con genuflexión con la que se manejaba, distaba mucho de alguien que en base a méritos personales pretendía ascender en su profesión. Ese hecho puso de relieve una retaliación, por el gesto poco cortés y caballeroso que el hoy agraviado había cometido en contra de quien en estos momentos ostenta la cabeza del Ministerio Público, lo que de alguna manera se traduce en persecución política.

Al comprometer temerariamente el nombre de la institución a la que sirve y conocer la susodicha subalterna la situación jurídica con la que se iba a enfrentar, aplicó el refrán que dice: «quien da delante, da dos veces» y «hacer de la mentira una verdad», de la noche a la mañana edificaron un expediente en contra del ciudadano a quien habían impedido salir del país, tan expreso y errático que en el mismo se percibe con claridad una gran influencia del «copy page» de otros casos previamente encaminados a otros personajes. Acto seguido, en base a tan supremo adefesio jurídico procedieron a la captura del ciudadano y alimentar el morbo popular vía las redes sociales de ese «gran golpe contra la corrupción».

Es preciso recordar que en la audiencia de medida de coerción a ese ciudadano, mientras el Ministerio Público se explayaba en su acusación, se vulneró el derecho del imputado a hablar en cualquier tramo del proceso, impidiéndole de ese modo defenderse; como «mientras no se escuche la versión del Lobo, Caperucita tendrá siempre la razón», basada en la «brillante y magistral» exposición de los subalternos de la jefa, la jueza impuso la más gravosa de las modalidades de medida de coerción (la prisión preventiva). Sin embargo, una «pifia» de esa naturaleza cometida por la magistrada que conoció la medida, no iba a dejársela pasar el equipo de la defensa, por lo que la recurrieron.

El Código Procesal Penal con meridiana claridad establece que «cuando no se violen derechos o garantías del imputado, los actos defectuosos pueden ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado». A pesar de ello, la jueza que conoció el recurso ratificó la disposición impuesta, arguyendo que «si en el conocimiento de la medida se le violó el derecho a expresarse, en este momento se lo estamos permitiendo», en franca desnaturalización de los hechos, errónea interpretación del Derecho y desconocimiento a lo que versa el código en esa dirección; pues en el caso del ciudadano de marras, sí se le violaron sus derechos.

En una independiente y sana justicia prevalecería el criterio que «nadie puede prevalecerse de su propia falta»; cualquier juez no influenciado por el morbo popular y las apetencias del poder, ipso-facto habría dispuesto una variación de esa medida; sin embargo, se precisa de gran estirpe, integridad y la honorabilidad de la que debe estar revestido todo juez, para agarrar el tizón por lo encendido, cuando se tiene la opción de tomarlo por el mango frío. Es evidente que la «independencia de la justicia» en este país, es como la «seriedad», que sólo la invocamos cuando nos conviene.

Cualquier persona que tenga acceso a leer en el expediente, los cargos que se le imputan y los elementos probatorios para sustentarlos, se dará cuenta que estamos frente a un circo de pésimos malabaristas, un show mediático con el que se pretende obtener una condena social, ya que de la judicial tendrán como premio de consolación el tiempo que haya permanecido en prisión preventiva ese ciudadano, toda vez que en alguna de las etapas del proceso (primer grado, apelación, casación o constitucional), tendrá que imponerse el principio del corcho en el recipiente de agua. Cuando el poder se impone, el pueblo es quien sucumbe.

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